Por Karen Gutierrez, Univision
Topeka, Kansas — 4 de diciembre de 2025
La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, ha enfrentado presiones del gobierno federal esta semana tras el anuncio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de que retendría fondos administrativos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para varios estados, incluyendo Kansas. Esta disputa se produce en medio de una creciente controversia sobre la solicitud de datos personales de miles de beneficiarios del programa.
Las tensiones han aumentado entre la administración Trump y al menos 22 estados gobernados por demócratas, que han rechazado el requerimiento federal al considerarlo ilegal, invasivo y en contra de las protecciones de privacidad.
Requisitos del USDA y resistencia estatal
Desde febrero, el USDA ha solicitado a cada estado que proporcione información personal detallada de los beneficiarios de SNAP. Los funcionarios federales sostienen que el propósito de esta solicitud es identificar a ciudadanos estadounidenses que están recibiendo beneficios sin ser elegibles.
Los Estados, incluido Kansas, argumentan que esta solicitud no tiene respaldo legal, invade la privacidad y podría violar protecciones constitucionales. Cumplir con esta directiva federal podría sentar un precedente peligroso para la gestión de programas sociales.
La administración Trump ha respondido anunciando que retendría fondos administrativos de SNAP, lo que podría complicar la logística y la operación de asistencia alimentaria en Kansas, en especial en áreas rurales o de alta pobreza.
“No tengo ningún interés en que la gente pase hambre”
En respuesta a la presión del USDA, la gobernadora Kelly dejó claro su posición. En declaraciones realizadas el miércoles, destacó que no cederá ante la presión para entregar datos personales de los residentes.
“No tengo absolutamente ningún interés en que la gente pase hambre”, afirmó. “Tampoco tengo interés en ser intimidada para entregar información personal y privada. Estoy en una situación difícil. Debo proteger la privacidad de las personas y también debo proteger su mesa de comedor”.
La gobernadora mencionó que está colaborando con su equipo legal para explorar los próximos pasos, sugiriendo que Kansas podría volver a litigar la medida ante las cortes federales.
Un conflicto recurrente
Este no es el primer enfrentamiento entre la administración Trump y Kansas por la negativa de entregar información sobre beneficiarios de SNAP. En septiembre, el USDA notificó al estado que podría retirar más de $10 millones en fondos vinculados al programa.
Aunque esa decisión no se concretó, ya que la gobernadora apeló la medida y el caso sigue en revisión judicial, el nuevo anuncio indica que la administración federal está dispuesta a reavivar esta contienda.
Analistas advierten que si se llevan a cabo los recortes, miles de familias podrían experimentar retrasos en la distribución de beneficios, ya que los fondos administrativos son cruciales para el personal, los sistemas, la verificación de elegibilidad y otros componentes operativos esenciales.
Implicaciones para Kansas
El programa SNAP es un recurso vital para miles de hogares en Kansas. Aunque los beneficios directos para alimentos no están en riesgo, la suspensión de los fondos administrativos podría resultar en:
- Menos personal para procesar solicitudes
- Retrasos en la verificación de casos
- Tiempos de espera más largos
- Riesgo de interrupciones temporales en la distribución de ayuda
Además, las organizaciones comunitarias advierten que la incertidumbre podría disuadir a familias elegibles de solicitar beneficios, por temor a la exposición de datos o cambios en los requisitos.
Debate nacional sobre privacidad y elegibilidad
El conflicto en Kansas es parte de una discusión más amplia sobre cómo los estados administran datos sensibles de programas sociales. Los gobiernos locales temen que entregar listas con la información personal de los beneficiarios se utilice para fines ajenos a SNAP o incluso para adoptar medidas punitivas contra personas vulnerables.
Para la administración Trump, la transparencia se considera necesaria para identificar abusos en el programa. Sin embargo, los estados sostienen que la exigencia federal supera la autoridad del USDA y plantea riesgos tanto legales como morales.
Próximos pasos
La gobernadora Kelly reafirmó su compromiso de proteger la privacidad de los residentes, al tiempo que asegura que las familias mantendrán acceso a la asistencia alimentaria. Su equipo legal está evaluando opciones que incluyen nuevas apelaciones y posibles acciones legales.
Por el momento, Kansas permanece entre los 22 estados que se oponen a la medida, mientras el gobierno federal considera cómo y cuándo implementará los recortes. El impacto final dependerá de las decisiones de los tribunales y de la respuesta unificada de los estados en cuestión.
Es evidente que miles de familias en Kansas dependen de SNAP para satisfacer necesidades básicas, y cualquier interrupción podría representar un grave riesgo para la seguridad alimentaria en la región.
Fuente original: Noticias Kansas
Por Karen Gutierrez
4 Dec, 2025
