CHIHUAHUA, México – El exgobernador César Duarte Jáquez se enfrenta nuevamente a la justicia mexicana, esta vez bajo la presión de un nuevo caso federal que complica aún más su situación judicial. Duarte fue detenido en la capital del estado el 8 de diciembre, tras la ejecución de una orden de aprehensión federal emitida por la Fiscalía General de la República (FGR), basada en acusaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta acusación se añade a los cargos que originaron su extradición desde Estados Unidos en 2022.
La FGR ha confirmado que esta medida legal se deriva de una orden emitida en mayo de 2024, aunque su ejecución se ha llevado a cabo recientemente, tras recibir autorización para juzgarlo por un cargo diferente. La nueva acusación, señala la autoridad, se sustenta en presuntos actos de lavado de dinero y desvío de recursos. El exsecretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, explicó que estos señalamientos se relacionan con “delitos muy específicos que son el lavado de dinero y el desvío de recursos”. El gobierno federal ha insistido en que esta nueva imputación se apoya en facultades recientemente otorgadas a la Fiscalía mexicana tras las consultas diplomáticas relacionadas con el proceso de extradición.
Duarte ya había estado bajo arresto en Estados Unidos, siendo detenido por primera vez en Miami en 2020 antes de su extradición a México en 2022, donde enfrenta cargos estatales por peculado y asociación delictuosa. Desde entonces, ha cerrado 20 de 21 casos penales abiertos en Chihuahua, según su equipo legal.
A pesar de esto, el exgobernador sigue siendo objeto de investigaciones estatales y ahora enfrenta esta nueva acusación federal. Su abogado, Juan Carlos Mendoza, confirmó que Duarte está en medio de un proceso penal por peculado y asociación delictuosa en el Estado de Chihuahua.
La defensa de Duarte argumenta que la acción de la Fiscalía infringe la regla de especialidad en materia de extradición, que establece que una persona extraditada solo puede ser procesada por los delitos aprobados por el país que concedió su entrega. Mendoza subrayó que si no se demuestra la primera acusación, no se pueden presentar otras.
El nombramiento de Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR marcó un cambio significativo en el rumbo procesal del caso, ya que la Fiscalía logró la autorización necesaria para avanzar con el nuevo proceso federal. La defensa advierte que esto podría poner a Duarte en riesgo de enfrentarse a un juicio doble, dado que los hechos han sido previamente revisados. “El juez de control indica que debería requerir permiso para detenerlo, lo cual consideramos absurdo”, comentó el abogado.
Los alegatos de su equipo legal sugieren que la nueva acusación equivale a reabrir casos que ya se habían cerrado o agotado. Además, sostienen que no existe riesgo de fuga, enfatizando que su cliente siempre se ha presentado voluntariamente ante las autoridades. El abogado anticipó que Duarte se declarará “completamente e indudablemente” inocente.
Mientras su caso avanza, Duarte sigue recluido en la prisión federal de El Altiplano, considerada una de las más seguras del país. Su defensa buscará que el exmandatario enfrente el proceso en libertad, dado sus problemas de salud, que incluyen antecedentes cardíacos y cirugías recientes.
De cara a nuevas audiencias, su equipo legal ha reiterado que el proceso no debe convertirse en un caso politizado. “Es fundamental que no se utilicen las personas como botín político y que se resuelvan todas las situaciones de injusticia, porque donde no hay justicia, no hay paz”, afirmó Mendoza, señalando que el caso de Duarte representa un desafío a los principios judiciales que deberían prevalecer en el país.
Fuente original: Noticias El Paso
Por Miguel Contreras
9 Dec, 2025
