Tijuana.- El feminicidio de la abogada y maestra universitaria Emilia Ortega Aceves ha causado un profundo impacto en Tijuana desde el pasado 18 de noviembre. La comunidad legal, académica y social ha salido a las calles para exigir justicia por este crimen que generó dolor, indignación y preocupación por el aumento de la violencia en la región. A pocos días del trágico suceso, las autoridades anunciaron la detención de tres personas sospechosas de estar involucradas en el asesinato: Bryan, Daniel y Guadalupe Verónica, incluyendo a un menor de solo 16 años.
Según la Fiscalía de Baja California, los tres fueron arrestados mediante órdenes de aprehensión que surgieron de las primeras investigaciones. En este momento, están recluidos en la Penitenciaría de La Mesa.
La fiscal del estado, María Elena Andrade, destacó la función que desempeñó la única mujer del grupo:
“Guadalupe alias ‘La Vero’ es la mujer que sirvió de avanzada para estar revisando con antelación el momento oportuno para que sus acompañantes agredieran a la víctima.”
La implicación del menor de edad, identificado como Daniel, reavivó la preocupación sobre el creciente involucramiento de jóvenes en delitos graves, una tendencia que se ha documentado cada vez más en la frontera.
El Comité Ciudadano de Seguridad Pública ha señalado esta problemática. Su presidente, Edgardo Flores Campbell, manifestó:
“Se reclutan para diversas funciones, desde halconeo, es decir, la vigilancia, hasta participación activa en robos, delitos menores y sicariato.”
El caso de Emilia Ortega no solo pone de relieve la brutalidad del crimen, sino también la manipulación y el reclutamiento sistemático de adolescentes en actividades delictivas.
El asesinato de Emilia Ortega provocó una respuesta inmediata de la sociedad. Compañeros, colegas, estudiantes y organizaciones de mujeres han exigido que la investigación progrese sin retrasos ni omisiones.
La presidenta de la Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco, Estefanía Campos, aunque ha reconocido algunos avances, hizo un llamado a no dar por cerrado el caso:
“Es responsabilidad de la Fiscalía llevar a cabo una investigación completa. Hay avances, pero no se ha concluido; deben investigar más exhaustivamente.”
Hasta el momento, la Fiscalía ha indicado que el crimen podría estar relacionado con el trabajo profesional de la víctima, aunque el motivo final aún no ha sido esclarecido.
La fiscal Andrade aclaró:
“Podrían estar involucrados en litigios relacionados directamente con este caso, sin establecer el motivo definitivo hasta ahora.”
La autoridad ha confirmado que el asesinato se clasificará como feminicidio, una figura penal que puede conllevar hasta 50 años de prisión para los culpables. Si los detenidos son hallados culpables, enfrentarían la pena máxima establecida por la ley en Baja California.
Fuente original: Noticias San Diego
Por Claudia Orozco
3 Dec, 2025
