Por Karen Gutierrez, Univision
Topeka, Kansas — 24 de diciembre de 2025
Kansas vuelve a ser el centro del debate nacional sobre el derecho al voto. Un reciente informe advierte que la experiencia del estado con leyes que exigen prueba de ciudadanía para votar debe servir como una clara advertencia para el Congreso y para otros estados que consideran implementar iniciativas similares.
El análisis, elaborado por Dēmos, Campaign Legal Center y State Voices, revisa datos de Kansas y Arizona y concluye que estas leyes son costosas, propensas a errores y excluyen a votantes elegibles, a pesar de que la ciudadanía ya es un requisito legal para votar en Estados Unidos.
Una política que ya fracasó en Kansas
Kansas implementó su ley de prueba de ciudadanía después de la aprobación del Kansas Secure and Fair Elections Act (SAFE Act) en 2011. Desde 2013, cualquier persona que se registraba para votar tenía que presentar documentos como un pasaporte o un certificado de nacimiento.
La medida estuvo vigente durante poco más de tres años antes de ser bloqueada por un juez federal. En 2018, la ley fue declarada inconstitucional y en 2020, el Décimo Circuito de Apelaciones confirmó el fallo.
Durante este periodo, más de 30,000 kansanos vieron sus registros suspendidos o invalidados, según el informe.
Costos mucho mayores a lo prometido
Uno de los hallazgos principales del reporte es el impacto financiero. Los legisladores inicialmente estimaron que la ley costaría solo $12,500 en su primer año fiscal y $1,000 en el segundo. Sin embargo, la realidad fue muy diferente.
En su primer año completo, la Oficina del Secretario de Estado gastó más de $192,000 en la implementación de la ley. El informe estima que el costo total superó los $350,000 entre la aprobación y la entrada en vigor, sin incluir costos posteriores por errores y litigios.
Además, el estado terminó pagando $1.9 millones en honorarios legales tras perder dos demandas relacionadas con la ley.
Errores administrativos y falta de coordinación
El reporte documenta una “ruptura prolongada” en la comunicación entre el Departamento de Vehículos Motorizados, la oficina del Secretario de Estado, las oficinas electorales de los condados y los votantes mismos.
Los empleados del DMV no estaban autorizados a solicitar prueba de ciudadanía ni a informar a las personas sobre el nuevo requisito, lo que generó una confusión generalizada. Kansas también carecía de sistemas tecnológicos adecuados para verificar números de pasaporte o certificados de nacimiento.
“Cuando se relaciona la verificación de ciudadanía con bases de datos que no fueron diseñadas para ello, surgen errores”, explicó Lata Nott, directora de política de derechos electorales del Campaign Legal Center. “Y esos errores no son menores: le quitan a la gente su derecho al voto”.
El fraude que nunca se probó
La ley fue promovida por el entonces secretario de Estado, Kris Kobach, bajo el pretexto de combatir el fraude electoral. Sin embargo, nunca se demostró fraude en los tribunales.
Según la Corte de Apelaciones, solo 39 no ciudadanos se registraron para votar en Kansas entre 1999 y 2013, lo que representó apenas el 0.002% del padrón electoral.
“El problema no era el fraude, sino las fallas administrativas”, concluyó el tribunal, señalando que la ley tuvo un impacto desproporcionado en los votantes.
Impacto en comunidades vulnerables
Los autores del informe advierten que las leyes de prueba de ciudadanía funcionan como un mecanismo de supresión del voto, afectando de manera más severa a comunidades históricamente marginadas.
“Son barreras sociales que afectan especialmente a votantes de color, personas de bajos ingresos y comunidades excluidas”, señaló Neda Khoshkhoo, directora interina de democracia en Dēmos.
A medida que otros estados como Indiana, New Hampshire, Ohio y Wyoming aprobaron leyes similares en 2025, los expertos anticipan que el debate se intensificará en 2026.
Una advertencia para el futuro
Aunque una propuesta federal para exigir prueba de ciudadanía no ha avanzado, el informe sostiene que la experiencia de Kansas demuestra que estas políticas no solo fallan en su propósito, sino que generan costos fiscales, caos administrativo y pérdida de confianza pública.
“Cuando se combinan los costos financieros con el daño real a los votantes, es necesario replantear seriamente el valor de estas políticas”, afirmó Marissa Liebling, de State Voices.
Fuente original: Noticias Kansas
Por Karen Gutierrez
26 Dec, 2025
