La Corte Suprema acordó este viernes que decidirá si el intento del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto es constitucional, brindando a los jueces la oportunidad de revisar lo que durante mucho tiempo se ha considerado un principio legal establecido desde el siglo XIX.
Al aceptar la apelación, el tribunal está abordando directamente el fondo de una controversia que había evitado en gran medida anteriormente, cuando falló a favor de Trump por motivos técnicos relacionados con cómo los tribunales inferiores manejaron los cuestionamientos sobre la política.
A pesar de que las teorías legales presentadas por la apelación del Gobierno de Trump han sido consideradas marginales incluso por muchos conservadores, este caso atraerá la atención pública durante el período de sesiones de la Corte Suprema que comenzó este otoño. Es otra prueba de la disposición de la corte a aceptar un argumento legal innovador por parte de la Casa Blanca.
Un fallo a favor de Trump alteraría un principio de larga data en el derecho constitucional y de inmigración estadounidense y podría tener importantes implicaciones prácticas para los ciudadanos estadounidenses que enfrenten nuevos obstáculos para documentar a sus recién nacidos.
La corte escuchará los argumentos el próximo año y es probable que emita una decisión para finales de junio.
“Quizás no haya ningún tema desde el comienzo de este Gobierno en el que el presidente Trump haya estado más equivocado que en su intento de restringir la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto”, afirmó Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown.
“Ya sea porque viola los estatutos relevantes, la propia Decimocuarta Enmienda o la interpretación autorizada de esa disposición constitucional por parte de la Corte Suprema en 1898, la conclusión es la misma. Y aunque la Corte apoyó a Trump a principios de este verano cuando solicitó que se limitaran las medidas cautelares contra la política, ahora que el caso se vuelve a tratar sobre el fondo, hay razones para creer que incluso esta Corte fallará en su contra; la verdadera pregunta probablemente será sobre cuál de los múltiples fundamentos posibles lo hará”, añadió.
Dos décadas después de la ratificación de la Decimocuarta Enmienda en 1868, la Corte Suprema falló en el caso EE.UU. v. Wong Kim Ark que las personas nacidas en EE.UU. —como el hijo de inmigrantes chinos en ese caso— tienen derecho a la ciudadanía estadounidense, con algunas excepciones. Sin embargo, el Gobierno de Trump argumentó en su apelación que ese precedente ha sido malinterpretado durante mucho tiempo.
A pesar de la interpretación de la cláusula de ciudadanía consagrada en la opinión de 1898, el Gobierno de Trump alegó a la Corte Suprema en sus apelaciones que esa noción era “errónea” y que había tenido “consecuencias destructivas”. Trump ha hecho del fin de la ciudadanía por nacimiento una parte clave de su agenda migratoria.
“La cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda fue adoptada para otorgar la ciudadanía a los esclavos recién liberados y a sus hijos, no a los hijos de visitantes temporales o extranjeros ilegales”, manifestó ante la Corte el procurador general D. John Sauer, principal abogado de apelaciones del Gobierno.
Aunque la Corte Suprema emitió una decisión importante en junio relacionada con el decreto de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, ese caso se centró en una cuestión más procesal sobre cuánta autoridad tienen los tribunales inferiores para bloquear una política implementada por un presidente. Una mayoría de 6-3 de la Corte esencialmente limitó —pero no eliminó totalmente— el poder de los tribunales para bloquear tales políticas.
Tras la decisión de la Corte, la política de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento fue rápidamente bloqueada nuevamente por tribunales utilizando otros métodos y nunca llegó a implementarse.
Los tribunales inferiores, compuestos tanto por jueces conservadores como progresistas, se han pronunciado en contra del decreto del Gobierno.
“Su caso no es mucho más que una mezcolanza de declaraciones históricas incorrectas, citas inapropiadas, doctrinas recién inventadas y, más que nada, preferencias de política”, manifestaron la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos que representan a los demandantes individuales a la Corte Suprema este año.
La Corte aceptó escuchar los argumentos en el caso de un juez de Nueva Hampshire que prohibió la aplicación del decreto de Trump contra cualquier bebé afectado por la política en una demanda colectiva presentada por la ACLU.
No obstante, no aceptó otro caso diferente que provenía del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU., con sede en San Francisco, que había confirmado la decisión de un juez de Seattle que bloqueó la política de Trump a nivel nacional en un caso presentado por un grupo de estados liderados por demócratas.
La diferencia probablemente se deba a quién estaba demandando: el caso del Noveno Circuito involucraba la cuestión de si los estados tenían legitimación para demandar sobre la política.
Firmado por Trump el 20 de enero, el decreto titulado “PROTEGIENDO EL SIGNIFICADO Y VALOR DE LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE” establecía que el Gobierno federal no “emitirá documentos que reconozcan la ciudadanía de EE.UU.” a ningún niño nacido en suelo estadounidense de padres que estuvieran en el país ilegalmente o que se encontraran en los estados legalmente, pero de manera temporal.
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Fuente original: Noticias El Paso
Por Alan Tiscareno
5 Dec, 2025
