Donald Trump y la inquietante distorsión de los datos de empleo

Cuando avanza el autoritarismo, sus defensores tienden a presentar los intentos de concentración de poder de un líder fuerte como algo racional; incluso como una necesidad para el bien nacional.

Los principales asesores de la administración de Donald Trump han seguido esta estrategia, justificando el despido abrupto de la comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales debido a cifras de empleo que afectaron su proclamación de una nueva “era dorada”.

La destitución de Erika McEntarfer, junto con el intento del presidente de socavar la independencia de la Reserva Federal, pone en peligro la reputación de la economía estadounidense como bastión de estabilidad que ha sustentado generaciones de prosperidad.

Dicha interferencia política podría reforzar el creciente poder de Trump, pero también podría ser contraproducente, erosionando la confianza de inversores y empresas que dependen de estadísticas precisas sobre la salud económica. Incluso la Reserva Federal se basa en estas cifras para su política monetaria.

Cuando un país no protege sus datos oficiales, corre el riesgo de terminar como Argentina o Grecia, donde la manipulación de estadísticas optimistas llevó a crisis financieras. O como China, donde cifras infladas para fortalecer la credibilidad del régimen han fomentado corrupción y, en comparación, beneficiaron a Estados Unidos.

El ataque de Trump a la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) va más allá de una simple cuestión económica. Es una maniobra más de un presidente que se considera por encima de las consecuencias y que se ha vuelto cada vez más arrogante después de varias victorias políticas este verano.

El dominio de Trump en el Congreso y sus constantes desafíos a los límites constitucionales han debilitado los frenos al poder presidencial, en una nación que se fundó en la oposición a decisiones económicas arbitrarias de un gobernante absoluto.

Su sed de poder también se refleja en la imposición de su ideología en las universidades, la coerción de bufetes de abogados y los ataques a los medios de comunicación. Su ataque a los datos económicos acompaña una purga de científicos y expertos gubernamentales cuyos hallazgos contradicen su doctrina del movimiento MAGA.

El presidente está asumiendo un gran riesgo económico.

Su desprecio hacia la credibilidad de los datos del Gobierno podría agravar la incertidumbre económica que ya rodea a la Casa Blanca y desmejorar las perspectivas del Partido Republicano en las elecciones de medio término del próximo año.

“La BLS es la mejor agencia estadística del mundo. Sus cifras son respetadas internacionalmente”, declaró William Beach, excomisionado de la oficina, a Kasie Hunt en el programa “State of the Union”. “El ataque del presidente contra la comisionada y la oficina está socavando esa infraestructura y podría destruirla a largo plazo”.

Los asesores de Trump defendieron su reacción inusual a las cifras de empleo que contradijeron su versión de la realidad.

“El presidente quiere que su propia gente esté allí para que, cuando veamos las cifras, sean más transparentes y más confiables”, dijo Kevin Hassett, director del Consejo Económico de la Casa Blanca, en “Meet the Press” de NBC.

Jamieson Greer, representante comercial de EE.UU., argumentó que “es importante tener cifras relativamente fiables”. En “Face the Nation” de CBS, explicó que “siempre hay revisiones, pero a veces, estas revisiones son extremas… El presidente puede elegir quién trabaja en el Poder Ejecutivo”.

A Trump le irritaron los datos de empleo que mostraron que sólo se crearon 73.000 puestos de trabajo en julio, y se revisaron a la baja los totales de mayo y junio, sumando un total de 258.000 empleos. Estos nuevos cálculos son esenciales para una representación precisa de la economía a largo plazo.

El riesgo es que el fabulismo económico de Trump afecte de manera duradera la confianza en las estadísticas gubernamentales. Los datos de empleo se generan en un proceso complejo que sería casi imposible manipular por un solo funcionario. Sin embargo, si Trump coloca a un funcionario politizado al frente de la BLS, la presión para presentar datos manipulados sería intensa. Si las cifras de empleo empeoran el próximo mes, ¿despedirá a alguien más? Y si mejoran, ¿habrá credibilidad en su integridad?

“Supongamos que nombran a un nuevo comisionado, y esta persona produce un mal número. Entonces, todos pensarán que ‘no es tan malo como probablemente es’, porque sospecharán de influencia política”, dijo Beach.

La reacción del presidente contra los analistas de su propio gobierno fue predecible. En 2018, convenció a sus seguidores de que lo que veían y leían no coincidía con la realidad.

Este discurso se cristalizó durante su primer mandato, comenzando con su afirmación de que el número de asistentes a su toma de posesión había sido el mayor en la historia, a pesar de las evidencias fotográficas que contradicen esa afirmación.

Su intento actual de manipular cifras de empleo recuerda su gestión de la pandemia de COVID-19, cuando afirmó que si se detenían las pruebas, el número de casos caería a cero.

La afirmación de Trump de que las cifras de empleo estaban “amañadas” es similar a sus falsas afirmaciones sobre las elecciones de 2020. Cuando no le gustó el resultado, intentó socavar la credibilidad del sistema que lo había producido.

Las referencias a 2020 son pertinentes hoy debido a cómo los errores personales de Trump tienden a llevarlo a buscar soluciones autoritarias. Los críticos del presidente han proclamado que el autoritarismo está en aumento independientemente de sus acciones. Sin embargo, las circunstancias actuales no son comparables a la tiranía de un partido único, como en China, o al estado represivo en Myanmar.

No obstante, las acciones de Trump suman evidencia de un esfuerzo por degradar las instituciones democráticas. Las comparaciones entre él y líderes autoritarios como Viktor Orbán de Hungría o Recep Tayyip Erdoğan de Turquía resultan cada vez más certeras.

La nueva controversia sobre las cifras de empleo se da en un momento en que la administración de Trump actúa casi sin restricciones.

Trump ha cambiado el sistema de comercio mundial a su antojo, ignorando completamente al Congreso republicano, que apenas ha defendido su autoridad constitucional en este ámbito.

Su uso del Departamento de Justicia para fines políticos ha suscitado sospechas, especialmente tras la decisión de trasladar a Ghislaine Maxwell a una prisión menos severa, luego de conversaciones con el vicesecretario de Justicia.

El domingo, su demanda de reescribir los distritos en Texas para favorecer a los republicanos desató una crisis que tiene implicaciones a nivel nacional.

El segundo mandato de Trump parece un intento de reconfigurar el mundo a su imagen, permitiendo que criminales condenados afectados por los disturbios del Capitolio sean perdonados o liberados. El Pentágono ha eliminado de sus muros fotos de altos mandos que lo contradijeron, mientras que Trump ha atacado repetidamente a jueces, calificando sus decisiones de ilegales, en un comportamiento que Aaron Blake ha calificado de orwelliano.

Una sensación de impunidad parece afectar ahora la política exterior de Trump. Frustrado por el fracaso de Rusia en unirse a su plan de paz para Ucrania, Trump se dejó llevar por las amenazas de Dmitry Medvedev, presionando la semana pasada sobre submarinos nucleares estadounidenses.

A medida que Trump se enfrenta a una creciente oposición del feminismo y pragmatismo de la política actual, su indignación por la resistencia en el Capitolio revela su descontento con la restricción a su autoridad, poniendo de manifiesto cómo se ha acostumbrado a salirse con la suya.